Figura 3. Giros y antecedentes que pueden justificar evaluación. La pertenencia a una categoría no prueba contaminación; deben confirmarse historia, sustancias, liberaciones y condiciones del sitio.

 

5. Por qué la población debe participar en la identificación

La participación ciudadana cubre un vacío que ningún inventario nacional puede resolver por sí solo. Quienes viven o trabajan cerca de un predio observan cambios a lo largo del tiempo: movimientos de tierra, abandono de recipientes, descargas, incendios, olores persistentes, escurrimientos o modificaciones de uso. Esa memoria territorial puede ayudar a localizar una fuente o a reconstruir una cronología que no aparece en permisos y reportes.

La LGEEPA establece como una de sus bases la participación corresponsable de las personas en la protección ambiental y permite que cualquier persona, grupo social, asociación u organización denuncie hechos, actos u omisiones que produzcan o puedan producir daños ambientales o contravengan la legislación. [6] Participar no significa investigar por cuenta propia, ingresar a propiedad privada ni confrontar a un posible responsable. Significa aportar información concreta y segura para que la autoridad determine competencia y procedencia.

La denuncia responsable también protege la calidad del proceso. Una descripción precisa reduce rumores, evita acusaciones públicas sin evidencia y permite diferenciar una emergencia de un problema histórico. Fotografías tomadas desde un espacio permitido, fecha, hora, referencias del lugar y descripción del hecho suelen ser más útiles que afirmar que existe una sustancia o enfermedad sin análisis. La comunidad ayuda a abrir la pregunta; el diagnóstico corresponde a la investigación técnica y a la autoridad competente.

 

Imagen 2. La participación responsable aporta hechos, ubicación y evidencia desde un lugar seguro; no sustituye la inspección ni la caracterización. Escena original de Germen; no representa un sitio ni un procedimiento real específico.

 

6. Qué observar y cómo documentarlo sin exponerse

Algunas señales justifican comunicar un hecho: recipientes o tambores abandonados; manchas persistentes en suelo; película iridiscente sobre agua; escurrimientos desde un predio; disposición o quema de residuos; excavaciones usadas como relleno; vegetación afectada en un patrón localizado; o vapores y olores intensos que se repiten. Ninguna de estas señales demuestra por sí sola qué contaminante existe, su concentración, origen o riesgo.

La regla de seguridad es no tocar, abrir, mover, oler de cerca ni tomar muestras. Tampoco debe entrarse a un predio, pozo, excavación o zona acordonada. Una muestra sin diseño, preservación, cadena de custodia y laboratorio competente puede ser inútil y exponer a la persona. Si es seguro y legal hacerlo, conviene registrar ubicación, fecha, hora, duración, condiciones meteorológicas visibles, fotografías o video desde un punto público y referencias que permitan localizar el sitio.

Si existe fuego, explosión, personas con síntomas agudos, vapores densos, derrame activo o riesgo inmediato, la prioridad es alejarse y activar los servicios de emergencia y protección civil, no completar una denuncia administrativa. Para situaciones no inmediatas, la evidencia debe conservarse en su formato original y acompañarse de una narración factual: qué se observó, dónde y cuándo. Debe evitarse atribuir responsables o efectos sanitarios que no hayan sido determinados.

 

Figura 4. Observación ciudadana segura. Las señales orientan una denuncia o evaluación, pero no identifican por sí solas un contaminante ni demuestran riesgo.

7. Denuncia popular: autoridad, requisitos y seguimiento

En asuntos ambientales de competencia federal, la denuncia popular puede presentarse ante PROFEPA. El artículo 190 de la LGEEPA pide nombre o razón social, domicilio y teléfono si se cuenta con él; descripción de actos, hechos u omisiones; datos para identificar al presunto infractor o localizar la fuente; y las pruebas disponibles. La persona puede solicitar que se guarde secreto sobre su identidad por razones de seguridad o interés particular. Esto no es igual a una denuncia anónima: la autoridad recibe la identidad y protege su reserva cuando se solicita. [6]

PROFEPA informa canales por internet, correo electrónico, teléfono y oficinas de representación. Su portal señala el correo denuncias@profepa.gob.mx y el 800-PROFEPA (776 33 72); las denuncias telefónicas deben ratificarse por escrito dentro de tres días hábiles conforme a la LGEEPA. [7] Una vez registrada, la Procuraduría asigna expediente y, dentro de los diez días siguientes a la presentación, notifica la calificación y el trámite. Si la materia corresponde a otra autoridad, debe turnarla y notificarlo. [6]

Cuando los hechos se relacionan con el sector hidrocarburos —por ejemplo, derrames, ductos, gaseras o gasolineras— ASEA dispone de su Sistema de Denuncias Populares. Su manual exige describir cuándo, cómo y dónde ocurrieron los hechos y permite adjuntar documentos, fotografías o videos. El sistema electrónico requiere presentar posteriormente el formato o escrito original firmado en los términos señalados por la Agencia. [8] La competencia puede ser federal, estatal o municipal; denunciar ante una autoridad no garantiza que ésta conserve el caso si debe remitirse.

8. Qué puede ocurrir después: investigación, inspección y medidas

Una denuncia no equivale automáticamente a inspección, infracción o sanción. Primero se registra, califica y determina la competencia. La investigación puede requerir información adicional y, en muchos casos, una visita de inspección. La LGEEPA dispone que el personal inspector esté autorizado, se identifique y presente una orden escrita, fundada y motivada, que precise el lugar y el objeto de la diligencia. Durante la visita se levanta un acta circunstanciada. [6]

A partir del acta, la autoridad puede requerir medidas correctivas o de urgente aplicación cuando proceda y permitir que el interesado aporte pruebas. Si existe riesgo inminente de desequilibrio ecológico o contaminación con repercusiones peligrosas para ecosistemas o salud pública, el artículo 170 prevé medidas de seguridad fundadas y motivadas, como clausura temporal, aseguramiento precautorio o neutralización. [6] No toda denuncia conduce a estas medidas; dependen de hechos constatados y del marco de competencia.

La inspección tampoco sustituye la caracterización. Puede identificar incumplimientos o condiciones visibles, pero delimitar contaminación en suelo o agua subterránea exige objetivos, muestreo, análisis y un modelo conceptual. Si se confirma un sitio contaminado, la ruta puede incluir acciones inmediatas, investigación adicional, programa de remediación, ejecución, monitoreo y trámite de conclusión. La secuencia y la autoridad responsable dependen del contaminante, la actividad, el origen y el expediente.

Figura 5. Ruta general desde una observación hasta la gestión técnica. La denuncia no equivale automáticamente a inspección, sanción o remediación.

 

9. Salud pública: de la señal a una ruta de exposición demostrable

La preocupación por la salud es legítima, pero debe analizarse sin saltos causales. Para evaluar una exposición se necesita conectar cinco elementos: fuente, liberación y transporte, punto de contacto, ruta de ingreso y población receptora. ATSDR utiliza esta estructura para distinguir rutas completas, potenciales o eliminadas. [9] Un contaminante detectado en el subsuelo no demuestra automáticamente contacto humano; un síntoma en la comunidad tampoco identifica por sí solo una fuente ambiental.

Las rutas pueden incluir ingestión de agua o suelo, inhalación de vapores o partículas y contacto dérmico. La relevancia depende de concentración, duración, frecuencia, biodisponibilidad y susceptibilidad. Niños, embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades previas y trabajadores con contacto directo pueden requerir atención diferenciada, pero sólo una evaluación sanitaria competente puede establecer la conducta clínica. Este artículo no ofrece diagnóstico médico.

Cuando una comunidad reporta síntomas, la actuación ambiental y la sanitaria deben coordinarse sin confundir sus funciones. La autoridad ambiental investiga fuentes, cumplimiento y medios afectados; los servicios de salud evalúan personas y patrones sanitarios. Las muestras ambientales y los estudios clínicos deben mantener calidad, consentimiento, privacidad y una hipótesis clara. La comunicación responsable reconoce lo que se sabe, lo que aún no se sabe y qué dato permitiría reducir la incertidumbre.

10. Por qué dominan los hidrocarburos y qué exige una caracterización útil

El predominio de hidrocarburos en el inventario hace especialmente relevante la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012. Esta norma establece límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y para especificaciones de remediación; es obligatoria en todo el territorio nacional para quienes resulten responsables de contaminación con hidrocarburos. [3] Su aplicación depende del tipo de fracción, del uso de suelo y de un diseño de muestreo técnicamente defendible.

Una caracterización útil no es una colección indiscriminada de muestras. Comienza con preguntas de decisión: ¿dónde pudo ocurrir la liberación?, ¿qué productos y procesos estuvieron involucrados?, ¿qué medios pudieron afectarse?, ¿qué datos permitirían delimitar lateral y verticalmente?, ¿qué receptores existen hoy y cuáles podrían existir con un nuevo uso? El plan de muestreo debe traducir esas preguntas en ubicaciones, profundidades, analitos, controles de calidad y criterios de interpretación. Cuando se muestrea sin un modelo conceptual, es posible obtener muchos resultados y conservar la incertidumbre central.

Los resultados por debajo de un límite en puntos aislados tampoco prueban ausencia general. La conclusión depende de representatividad, límites de cuantificación, heterogeneidad, sesgos de acceso, distribución de la fuente y coherencia con el historial. A la inversa, una detección no determina por sí sola la ruta de gestión completa: debe analizarse el marco aplicable, la extensión, la movilidad, la exposición y los objetivos de remediación. El rigor consiste en conectar el dato con la pregunta, no en magnificarlo ni minimizarlo.

11. Tres frentes operativos que abre el programa

El primer frente es el inventario. El PNRSC busca actualizar el Inventario Nacional de Sitios Contaminados y ampliar el trabajo de campo en zonas prioritarias. La meta programática es actualizar 187 sitios al 2030, equivalentes al 17% de los 1,114 registrados en la línea base. [1] Para una organización, esta prioridad refuerza el valor de mantener expedientes localizables, cronologías de incidentes, planos, manifestaciones de manejo, resultados analíticos, oficios y evidencia de medidas ejecutadas.

El segundo frente es la gestión de expedientes. El programa prevé exhortar a responsables, impulsar aprobaciones y promover la conclusión de sitios. El punto práctico es que un proyecto ambiental necesita gobernanza documental además de ingeniería: responsables definidos, hitos, control de versiones, trazabilidad de muestras, decisiones registradas y un paquete de cierre preparado desde el diseño. Si la estrategia de cierre se piensa al final, pueden aparecer vacíos que exijan nuevas campañas o dificulten demostrar el cumplimiento de objetivos.

El tercer frente es normativo. El programa incluye revisar y actualizar instrumentos, entre ellos la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, relativa a criterios para caracterizar y remediar suelos contaminados por determinados metales y metaloides. [4] La actualización figura como una meta del programa; no debe presentarse como una modificación ya vigente. Mientras no exista publicación oficial que sustituya o modifique la norma, la referencia vigente continúa siendo la publicada en el Diario Oficial. Las empresas deben distinguir entre intención programática, proyecto regulatorio y texto obligatorio publicado.

12. Implicaciones para propietarios y operadores

Para el propietario u operador de un sitio con antecedentes de manejo de combustibles, residuos peligrosos, solventes, baños metálicos, plaguicidas u otras sustancias, el programa eleva la importancia de tres preguntas. Primera: ¿qué sabemos y qué no sabemos del sitio? Segunda: ¿la evidencia disponible responde al uso actual y a los posibles receptores? Tercera: ¿existe una ruta documentada desde la investigación hasta la conclusión administrativa? Un expediente fragmentado puede esconder duplicidades, inconsistencias o vacíos aun cuando se hayan realizado trabajos de campo.

La respuesta preventiva no siempre es perforar o excavar de inmediato. Puede comenzar por una revisión documental y un modelo conceptual preliminar: procesos históricos, tanques, tuberías, drenajes, áreas de carga, transformadores, almacenes, incidentes, rellenos, fotografías aéreas, topografía, geología, hidrología y usos colindantes. Esta síntesis identifica hipótesis y orienta si se necesita investigación adicional. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos describe el modelo conceptual como una representación iterativa que integra información física, química, geológica e hidrogeológica para orientar decisiones; es una buena práctica técnica, no una obligación legal mexicana por el solo hecho de citarla. [5]

Cuando ya existe un programa de remediación, conviene revisar si las métricas de desempeño, los criterios de término, el monitoreo y la documentación de cambios siguen siendo coherentes con la condición real. La remediación puede requerir ajustes al descubrir heterogeneidad, fuentes secundarias o rutas no reconocidas. Ajustar con evidencia no significa improvisar: exige control de cambios y, cuando corresponda, coordinación con la autoridad. La meta operativa es evitar que la ejecución y el expediente administrativo avancen por caminos separados.

13. Implicaciones para compradores, inversionistas y financiadores

En una transacción, la due diligence ambiental debe traducir información técnica en decisiones comerciales. Un registro oficial, un antecedente industrial o una observación de campo son señales para investigar; no son por sí solos una cuantificación del pasivo. Del mismo modo, un expediente sin hallazgos relevantes puede ser insuficiente si el alcance no cubrió todas las actividades históricas o si el uso futuro cambia las rutas de exposición. La calidad de la conclusión depende del alcance, las fuentes consultadas y las limitaciones expresas.

Una revisión robusta suele integrar la cadena de título y uso, permisos y expedientes, recorridos, entrevistas, fotografías históricas, inventarios públicos, condiciones geológicas e hidrogeológicas y documentación de sustancias. Si aparecen condiciones reconocidas que ameriten verificación, la investigación intrusiva debe diseñarse a partir del modelo conceptual, no como paquete genérico. El resultado útil no es sólo una lista de analitos: es una explicación de qué se investigó, por qué, con qué incertidumbre y qué decisiones siguen abiertas.

El artículo 71 de la LGPGIR vuelve crítica la coordinación entre el análisis técnico y el jurídico cuando se contempla transferir un sitio contaminado con residuos peligrosos. [2] La operación no debería depender de una lectura editorial de la norma. Se requiere confirmar la situación del predio, la competencia, el expediente y las autorizaciones aplicables. En lo contractual, la información técnica puede alimentar condiciones precedentes, declaraciones, garantías, retenciones, seguros, obligaciones de acceso, responsabilidades de remediación y mecanismos de seguimiento; la estructura final corresponde a asesoría legal y financiera especializada.

14. Suelo, agua subterránea y rutas de exposición

El suelo es un medio y, en ciertos escenarios, también una fuente secundaria. Una sustancia liberada puede permanecer adsorbida, volatilizarse, degradarse, movilizarse con el agua de infiltración o alcanzar el agua subterránea. El comportamiento depende de propiedades del contaminante y del medio: solubilidad, volatilidad, densidad, persistencia, contenido de materia orgánica, granulometría, humedad, permeabilidad, estratigrafía y gradiente hidráulico. Estas relaciones son hipótesis hasta que se contrastan con datos del sitio.

Una pluma en agua subterránea tampoco debe dibujarse únicamente uniendo concentraciones. Su interpretación requiere comprender elevaciones hidráulicas, dirección y variabilidad del flujo, intervalos de captación, construcción de pozos, estacionalidad, fuentes posibles y química del contaminante. La geometría aparente cambia si las muestras proceden de profundidades distintas o si los pozos integran intervalos amplios. Por eso, un modelo conceptual se actualiza conforme llega nueva evidencia; no es una ilustración decorativa.

Las rutas de exposición conectan fuente, mecanismo de liberación, medio, punto de contacto y receptor. Pueden incluir ingestión de suelo o polvo, contacto dérmico, inhalación de vapores, consumo de agua o exposición ecológica, según el caso. Una ruta potencial no equivale a una dosis demostrada, y una concentración no equivale automáticamente a efecto. La evaluación debe separar: evidencia observada, inferencia apoyada, incertidumbre pendiente e hipótesis que requiere muestreo. Esa separación permite comunicar riesgos sin alarmismo y priorizar controles proporcionados.

 

Imagen 3. La caracterización del agua subterránea requiere pozos, procedimiento, control de calidad y lectura hidrogeológica. Escena original de Germen; no contiene datos ni resultados de un sitio real.

 

15. Una ruta práctica de decisión

La primera etapa es organizar antecedentes e inventarios. Deben registrarse fuentes, fechas, calidad y vacíos: planos, permisos, incidentes, fotografías, reportes de laboratorio, manifestaciones de residuos, oficios y entrevistas. La segunda es construir un modelo conceptual preliminar que conecte áreas fuente, sustancias, medios, migración y receptores. La tercera es diseñar la caracterización para probar hipótesis concretas y cumplir los requisitos aplicables de muestreo, laboratorio, cadena de custodia y calidad.

La cuarta etapa es decidir la gestión con una base integrada. Puede implicar investigación adicional, medidas de contención, evaluación de riesgo, programa de remediación, controles de uso, comunicación a partes interesadas o asesoría regulatoria. La quinta es ejecutar y verificar con indicadores acordes al objetivo: reducción de masa, control de fuente, concentraciones, estabilidad, cumplimiento de criterios o desempeño hidráulico, según proceda. La sexta es documentar la conclusión y las condiciones residuales, incluyendo restricciones, monitoreo o controles institucionales si aplican.

Esta secuencia no es un trámite universal ni sustituye el procedimiento de la autoridad competente. Es una herramienta de gobierno del proyecto. Su valor está en que cada etapa produce una decisión verificable y deja trazabilidad para la siguiente. También reduce el riesgo de confundir actividad con avance: perforar, analizar o excavar son acciones; el avance se demuestra cuando esas acciones reducen una incertidumbre, cumplen un criterio o controlan una ruta relevante.

 

 

Figura 6. Ruta técnica de decisión propuesta. Es una síntesis editorial adaptable al sitio; no sustituye procedimientos ni requisitos de la autoridad competente.

 

16. El foco territorial y la lectura responsable de los sitios críticos

El PNRSC dirige atención a cuencas prioritarias, entre ellas Tula, Lerma–Santiago y Atoyac. Reporta 90 sitios potencialmente contaminados o contaminados en esas cuencas y una línea base de diez sitios críticos; posteriormente incorpora un caso adicional en Sonora para la meta de remediación. [1] El uso de estas listas exige precisión: la presencia de un sitio en una tabla programática no sustituye la caracterización, no confirma por sí sola la extensión actual y no determina automáticamente la exposición de poblaciones vecinas.

Para Jalisco, el programa incluye ubicaciones en El Salto, San Pedro Tlaquepaque y Guadalajara dentro de su tabla de sitios críticos asociados con posible contaminación por combustibles o derivados del petróleo. [1] La formulación editorial correcta es que la autoridad federal los identifica como sitios de atención en el programa. Cualquier afirmación adicional sobre condiciones actuales, responsables, impacto en acuíferos o riesgo sanitario requeriría expedientes y evidencia específica que no forman parte de esta investigación.

La utilidad pública de la priorización está en orientar coordinación y trabajo de campo. Para empresas con operaciones o activos en zonas industriales de esas cuencas, la respuesta no debe ser asumir contaminación por proximidad. Debe ser revisar antecedentes propios, conexiones hidráulicas y rutas plausibles; verificar si existe expediente; y establecer una línea base técnica cuando la decisión de negocio lo justifique. La geografía orienta la pregunta, pero el sitio aporta la respuesta.

17. Incertidumbres y límites de la evidencia

El primer límite es temporal. El PNRSC usa como línea base el inventario al cierre de 2025 y fue publicado en mayo de 2026. Los expedientes pueden haber cambiado después. Antes de una decisión, debe solicitarse información actualizada a la autoridad y al responsable. El segundo límite es de cobertura: un inventario administrativo no es un censo exhaustivo de todos los predios con contaminación histórica o no detectada. No aparecer no equivale a estar limpio. El tercer límite es de comparabilidad. Las categorías del programa agrupan sitios con escalas, contaminantes y estados de gestión diferentes. No es correcto estimar costo, riesgo o duración promedio a partir del número nacional. El cuarto es regulatorio: la intención de actualizar la NOM-147 es una meta; no constituye por sí misma un nuevo límite ni un método obligatorio. La vigencia debe verificarse en el Diario Oficial al momento de actuar.

Finalmente, este texto es divulgativo. No determina responsabilidad, cumplimiento, riesgo sanitario ni estrategia de remediación para un predio particular. Esas conclusiones requieren expediente, trabajo de campo, datos de calidad y revisión del marco aplicable por profesionales competentes.

 

18. Conclusiones accionables

• Primero, trate la publicación del PNRSC como una señal para ordenar evidencia, no como diagnóstico automático. Revise si los activos con antecedentes relevantes cuentan con expediente técnico y regulatorio íntegro, responsables y calendario de hitos.
• Segundo, en transacciones, incorpore la due diligence ambiental con tiempo suficiente para convertir incertidumbres materiales en decisiones, condiciones contractuales o investigaciones dirigidas.
• Tercero, construya y mantenga un modelo conceptual del sitio que distinga hechos, inferencias e hipótesis. Úselo para decidir dónde y por qué muestrear, qué rutas controlar y qué información falta.
• Cuarto, diseñe el cierre desde el inicio: criterios, evidencia de desempeño, control de cambios, trazabilidad y trámite de conclusión. La cifra de 840 expedientes con programa favorable pero sin conclusión reportada muestra por qué la última etapa no debe quedar implícita. [1]
• Quinto, verifique la vigencia normativa en la fuente oficial. La actualización de una norma anunciada en un programa no es todavía una norma actualizada.
• Sexto, comunique con precisión: una detección no es un riesgo completo, una ruta potencial no es una exposición demostrada y la ausencia de información no es evidencia de ausencia. Esa disciplina protege mejor a las personas, a los acuíferos, al valor de los activos y a la continuidad operativa.

19. Referencias oficiales

Fecha de consulta de todas las fuentes: 7 de septiembre de 2026.

• [1] Diario Oficial de la Federación / Presidencia de la República. Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 2026–2030. 18 mayo 2026. https://sidof.segob.gob.mx/notas/5787688
• [2] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (texto vigente; última reforma DOF 19-01-2026). 19 enero 2026. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPGIR.pdf
• [3] SEMARNAT / Secretaría de Salud. NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para muestreo y remediación. 10 septiembre 2013. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5313544
• [4] SEMARNAT / Secretaría de Salud. NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004, criterios para caracterizar y remediar suelos contaminados por metales y metaloides. 2 marzo 2007. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=4964569
• [5] U.S. Environmental Protection Agency. Environmental Cleanup Best Management Practices: Effective Use of the Project Life Cycle Conceptual Site Model. julio 2011. https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=P100CAA9.TXT
• [6] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, arts. 161–170 y 189–204 (texto vigente; última reforma DOF 19-01-2026). 19 enero 2026. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf
• [7] Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. ¿Cómo puedes denunciar? Canales y requisitos de la denuncia popular. sitio consultado 7 septiembre 2026. https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/4991/1/mx/31_como_puedes_denunciar.html
• [8] Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Sistema de Denuncias Populares ASEA: Manual de usuario. sitio consultado 7 septiembre 2026. https://denunciaspopulares.asea.gob.mx/static/Manual_SDP.pdf
• [9] Agency for Toxic Substances and Disease Registry (CDC). Exposure Pathways: Public Health Assessment Guidance. actualización consultada 7 septiembre 2026. https://www.atsdr.cdc.gov/pha-guidance/conducting_scientific_evaluations/exposure_pathways/exposure_pathways.html